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- The Canadian Afghan detainee issue concerns Government of Canada or the Canadian Forces (CF) knowledge of abusive treatment of detainees in Afghanistan. The abuse occurred after Afghans were detained by Canadian Forces, and subsequently transferred to the Afghan National Army (ANA) or the Afghan National Directorate of Security (NDS) during the War in Afghanistan. The issue has sparked heated debate since Article 12 of the Third Geneva Convention (of which Canada is a signatory) states that "the Detaining Power [Canada] is responsible for the treatment given [to prisoners of war]". If the allegations of torture are true it would mean Canada is guilty of war crimes. The allegations were first sparked by University of Ottawa law professor Amir Attaran, who claimed that full versions of government documents proved Canada had willful knowledge that torture would occur before handing detainees to Afghan authorities. Subsequent to this, two official complaints have led to official investigations and hearings by the Military Police Complaints Commission (MPCC). One of these unveiled parliamentary testimony by diplomat Richard Colvin, who claimed that many detainees were probably tortured, and it was a standard operating procedure for Afghan interrogators. The allegations have led to a showdown in the House of Commons of Canada, as opposition Members of Parliament (MPs) had called for the releasing of relevant documents in full and unredacted form, claiming parliamentary privilege to see them. The government maintained that they had a duty to protect Canadian soldiers and citizens as the documents contained sensitive information. At the request of the Speaker of the House of Commons of Canada, a panel of former justices and selected MPs was tasked with sorting through the documents, and determining the need to release or withhold them. To date, only about 4,000 out of the estimated 40,000 documents have been released, A final report released in June 2012 found no wrongdoing by Canadian Forces members, but did issue recommendations related to improving military policing and MPCC access to information and witnesses. The Canadian public generally held views that there was knowledge of detainee abuse by military or government officials. The issue has also led to scrutiny on detainee treatment by other Canadian departments and the armed forces of other nations. (en)
- El trato abusivo canadiense a detenidos afganos se refiere al conocimiento del Gobierno de Canadá o de las Fuerzas Armadas Canadienses sobre el trato abusivo a los detenidos en Afganistán. El abuso ocurrió después de que los afganos fueran detenidos por las fuerzas canadienses y posteriormente transferidos al Ejército Nacional Afgano o la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán durante la Guerra de Afganistán entre los años 2001 y 2021. La cuestión ha suscitado un acalorado debate desde que el artículo 12 de la Tercer Convenio de Ginebra (de la que Canadá es signatario) establece que "la Potencia que detiene (Canadá) es responsable del trato dado a los prisioneros de guerra." Si las acusaciones de tortura son ciertas, significaría que Canadá es culpable de crímenes de guerra. Las acusaciones fueron mencionadas por primera vez por el profesor de derecho de la Universidad de Ottawa, quien afirmó que las versiones completas de los documentos gubernamentales demostraban que Canadá tenía conocimiento deliberado de que se produciría tortura antes de entregar a los detenidos a las autoridades afganas. Posteriormente, dos denuncias oficiales dieron lugar a investigaciones y audiencias oficiales por parte de la Comisión de Denuncias de la Policía Militar. Uno de estos dio a conocer el testimonio parlamentario del diplomático Richard Colvin, quien afirmó que muchos detenidos probablemente fueron torturados, y era un "procedimiento operativo estándar" para interrogadores afganos. Las acusaciones dieron lugar a un enfrentamiento en la Cámara de los Comunes de Canadá, ya que la oposición parlamentaria había pedido la publicación de los documentos pertinentes en forma completa y sin redactar, reclamando privilegio parlamentario para verlos. El gobierno argumentó que tenía el "deber de proteger" a los soldados y ciudadanos canadienses, ya que los documentos contenían información confidencial. A pedido del presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, un panel de ex jueces y parlamentarios seleccionados se encargó de clasificar los documentos y determinar la necesidad de liberarlos o retenerlos. Hasta la fecha, solo se han publicado unos 4.000 de los 40.000 documentos estimados Un informe final publicado en junio de 2012 no encontró ninguna irregularidad por parte de los miembros de las fuerzas canadienses, pero emitió recomendaciones relacionadas con la mejora de la policía militar y el acceso de la Comisión de Denuncias de la Policía Militar a la información y los testigos. El público canadiense en general opinó que había conocimiento de abusos a detenidos por parte de funcionarios militares o gubernamentales. El tema también ha llevado a que otros departamentos canadienses y las fuerzas armadas de otras naciones examinen el trato a los detenidos. (es)
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